¡Y LLEGARONLAS PROTESTAS!

Por: José Hofmann Delvalle

 

Como se venía advirtiendo desde hace tiempo, se viene una ola de protestas que puede, por obvias razones, aumentar la crisis socioeconómica sanitaria actual y dificultar la entrega de ayudas para mitigarla. 

En efecto, el caos y los desórdenes públicos, ya son visibles no sólo en Bogotá, sino en otras regiones de la geografía nacional. Protestas en Corabastos; desórdenes en barrios y veredas, así como paros anunciados por diversas centrales obreras del orden estatal, hacen parte del escenario actual.

Ante esta situación, la derecha exige medidas de carácter meramente coercitivo y sectores de la izquierda, muchas veces en forma irresponsable, juega a crear caos para debilitar al Gobierno de turno. Es en ese escenario y desde una perspectiva de centro, ambas opciones lucen claramente inadecuadas a las preocupaciones de los ciudadanos. Es indispensable en consecuencia, estructurar una alternativa para responder a este reto en forma equilibrada, pero firme, teniendo como guía la Constitución de 1991, entre otras cosas, porque a diferencia de lo que sostienen algunos en forma artificiosa, no existe contradicción alguna entre la necesidad de preservar el orden público, la convivencia social y al mismo tiempo, asegurarle a la población vulnerable unas condiciones mínimas de subsistencia digna en medio de la crisis sanitaria actual.

Al contrario: los demócratas queremos, necesitamos, sabemos imprescindible la subsistencia digna de los ciudadanos vulnerables, pero somos conscientes que ello únicamente se puede conseguir en un clima donde existan estándares mínimos de convivencia ciudadana.

Así, y en este orden de ideas, sea lo primero señalar que pese al carácter creciente del fenómeno y  que la Corte Constitucional desde sus primeros pronunciamientos, ha reconocido en la huelga como “(…) uno de los más valiosos derechos e instrumentos jurídicos con que cuentan los trabajadores para solucionar sus conflictos laborales de carácter económico (…)” –Sentencia C-548/94-, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el mismo carece de una normatividad donde se contengan las directrices específicas para regularla y enfrentar la conflictividad social.

Ésta es una coyuntura propicia para los demagogos de todos los pelambres que buscarán “pescar en río revuelto”, sembrando caos en beneficio propio, como ya lo están haciendo

En vista de esta situación, resulta indispensable que el presidente de la República, amparado en el estado de emergencia actual, expida una normatividad clara a través de un decreto ley, donde regule la protesta social durante la actual emergencia sanitaria, esto en aras de evitar durante el transcurso de la misma la alteración del orden público, respetando siempre y de manera inequívoca los lineamientos constitucionales.

 

Así, a mi criterio, esta normatividad debe incluir los siguientes aspectos:

1) La definición de qué se entiende por servicio público esencial, donde se deberían incluir no sólo los catalogados por la Organización Internacional del Trabajo, sino también aquellos definidos así por la Corte Constitucional, dentro de los cuales se encuentran servicios como la banca central, el transporte en sus diversas modalidades, las telecomunicaciones. En efecto, durante la crisis sanitaria, no pueden suspender actividades los trabajadores de ningún servicio público esencial como la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y los servicios públicos domiciliarios. Permitirlo, llevaría a Colombia al caos;

2) La creación de un registro, procedimiento y protocolo para la organización de las huelgas, por medio del cual el estado pueda tener información sobre los responsables de las mismas, se indique el procedimiento por medio del cual se puede hacer efectiva su responsabilidad patrimonial en caso de que durante éstas se causen destrozos materiales y el término espacio - temporal en el cual se van a desarrollar, respetando las normas de bioseguridad;

3) La creación al interior del Estado colombiano de una instancia para gestionar el diálogo social, antes y después de la crisis sanitaria. La mejor protesta es aquella que se evita. Para esto, se deben establecer canales de negociación desde la institucionalidad;  

4) La definición clara de aquellas conductas que no pueden entenderse como válidas dentro de la protesta social, máxime teniendo en cuenta la actual coyuntura sanitaria.

5) Y por último, los estándares de bioseguridad que se deberían observar en las concentraciones públicas y de cuya aplicación deben hacerse responsables directos sus organizadores.

El debate está sobre la mesa y debe darse con urgencia, guiado en criterios de patriotismo, altura y sensatez política. Porque lo cierto, es que no hay que ser muy brillante para entender dos asuntos fundamentales: primero, que ésta es una coyuntura propicia para los demagogos de todos los pelambres que buscarán “pescar en río revuelto”, sembrando caos en beneficio propio, como ya lo están haciendo; y segundo, que si le juntamos a la crisis sanitaria y económica actual, una relacionada con la conflictividad social, explicable desde luego por factores internos del país, pero alentada desde el gobierno ilegítimo de Venezuela, estaríamos frente a una tormenta perfecta, cuyo desenlace sería incierto para la democracia e instituciones colombianas.   

Puntillazo Final. En esta coyuntura, el presidente debe tener mucho sentido de autoridad y en último término, no tener miedo a prohibir las concentraciones en esta emergencia sanitaria. Sobre este particular, el gran estadista, Carlos Lleras Restrepo, nos dio cátedra a los colombianos el 19 de Abril de 1970, cuando no tuvo empacho en decretar el toque de queda para restablecer el orden e impedir que los bandidos de la ANAPO presididos por el dictador Rojas Pinilla, arribaran al poder por la vía electoral y se pusieran el país de ruana, utilizando para ello una orgía de populismo que, sin duda, habría sido devastadora para la nación entera. A los hombres, la historia tiende a acusarlos por débiles, no por severos.