URGENTE REFORMA A LA JUSTICIA

Por: Rafael Nieto Loaiza

 

La reforma a la Justicia es una vieja urgencia por muy diversas razones. Entre ellas la corrupción del sistema. Basta con recordar el ‘cartel de la toga’.

La impunidad en materia penal es altísima. Según Transparencia por Colombia, alcanza un 94%. Tanta es la impunidad que la invitación a la reincidencia es altísima. De los 240.000 capturados por hurto en el 2017, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces.

La morosidad es aberrante. En la justicia civil y en la contencioso administrativa los casos pueden durar quince o más años sin resolución final. Una justicia tan lenta es finalmente injusta. Y solo invita al abuso del derecho, el desconocimiento de los contratos, la corrupción y la justicia por propia mano.

El aparato judicial, con cinco altas cortes y centenares de magistrados, es no solo costosísimo e ineficiente sino que facilita el choque de trenes y la burocratización y el clientelismo.

El engendro de la JEP es un tribunal de impunidad, producto de un pacto espurio, y le rompió el espinazo a la Rama Judicial. La JEP no es imparcial, busca favorecer a las Farc, apretar a los militares y demoler su moral, desprestigiar al Estado y dar la idea de una igualdad ética entre la conducta de los criminales y la de quienes defendían a los ciudadanos y la Constitución.

La Constitucional ha usurpado funciones del Congreso, trasladó el poder político a las cortes y minó al parlamento como el espacio para la deliberación y la decisión democrática.

La calidad de magistrados y jueces es mediocre o peor, con contadas excepciones. Antes los magistrados eran los faros del mundo jurídico.


Hoy nadie sabe siquiera sus nombres y muchas de sus decisiones no valen ni el papel en el que son escritas.

La inseguridad jurídica es la reina, con interpretaciones arbitrarias de la ley y modificaciones caprichosas a la jurisprudencia. La Constitucional ha usurpado funciones del Congreso, trasladó el poder político a las cortes y minó al parlamento como el espacio para la deliberación y la decisión democrática.

Y hay tanto una politización de la Justicia como una judicialización de la política, como prueba este caso contra Uribe.

Como consecuencia, desde 1991, se han intentado diecinueve reformas a la administración de justicia, sin éxito porque las Cortes siempre se han atravesado.

La Constitucional, en algunas sentencias, ha señalado que ciertos aspectos estructurales de la reforma a la Justicia no pueden hacerse por el Congreso sino por el constituyente primario, es decir, por constituyente o referendo. Así que la idea no es nueva ni es una retaliación contra la Suprema. Es una necesidad inaplazable. Ahora, como la constituyente es una caja de pandora y no tiene futuro sin apoyo del presidente, y Duque no la quiere, hay que pensar en alternativas.


Quizás hoy no quede sino un referendo que, en todo caso, hay que pensar muy bien antes de poner en marcha para no ocasionar, una vez más, otra frustración ciudadana.

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