TRATA DE PERSONAS: 

ESCLAVITUD EN PLENO 2020

Por: Gloria Díaz Martínez

La trata de personas es una problemática aún invisible a los ojos de los ciudadanos, la cual en Sudamérica afecta en su gran mayoría a las mujeres y niñas, quienes son el 80% de las víctimas, convirtiéndose así, en el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo después del tráfico de estupefacientes y de armas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimaba que, a 2015, detrás del negocio de la trata se movían alrededor de 32.000 millones de dólares al año, y según los últimos estudios generados por fundaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha de este delito, se estima que cada víctima de explotación puede producir más de 120.000 dólares al año.

 

Según el Ministerio del Interior, Bogotá, por ser la principal ciudad receptora de personas de otras regiones, y por ende, donde se manifiestan varias dinámicas culturales, es un epicentro de la pobreza, el desplazamiento forzado y la trata, fenómenos que guardan una estrecha correlación. En la ciudad se dan casi todas las modalidades de trata, y hay un alto número de denuncias. Así, en lo corrido del año, el Distrito ha atendido a 53 personas reconocidas como víctimas de trata, en su mayoría de explotación sexual. Sin embargo, una de las realidades que más preocupa es que estas no son las únicas cifras y menos aún las definitivas o verdaderas, ya que muchas de las formas como se manifiesta la trata son tipificadas o consideradas por las autoridades como otro tipo de delito, confundiéndose y generándose un subregistro.

 

Existe una baja sensación sobre la repetitividad y la concurrencia del delito, esto debido en gran medida al desconocimiento que existe sobre la problemática y las múltiples formas como una persona puede estar siendo victimizada en diferentes tipos de relaciones tales como explotación laboral, matrimonio servil, explotación sexual, mendicidad ajena, explotación comercial entorno al turismo sexual, reclutamiento forzado, explotación reproductiva y extractiva, entre otros.

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Otro punto que debe tenerse en cuenta son las condiciones de vulnerabilidad, las cuales se convierten en factores de riesgo individual, familiar o contextual. Estos son por ejemplo, el sexo o género, el nivel educativo, el consumo de sustancias psicoactivas, las dificultades para definir y desarrollar un proyecto de vida sano y coherente, sus experiencias en las relaciones de pareja, la violencia doméstica, su estructura familiar, la exclusión social, el narcotráfico, desempleo, falta de acceso a servicios básicos, violencia de género, discriminación, marginación y desplazamiento forzado.

 

De este modo, fenómenos tales como el desplazamiento forzado interno, el reclutamiento forzado como práctica sistemática y habitual de los grupos ilegales del conflicto armado en el país, y en la actualidad, la emergencia humanitaria en Venezuela, han traído consigo un aumento en los casos, cuyas víctimas son objeto de engaños, e inocentes caen en la trampa de la Trata, en su mayoría con fines de prostitución, pornografía o cautiverio para servicios sexuales. En el contexto actual de la pandemia muchos de los migrantes que llegaron a Colombia buscando mejores oportunidades de vida han visto la necesidad de volver a su país, razón por la cual han quedado atrapados en pasos fronterizos, donde sus condiciones de vulnerabilidad se exacerban y sus posibilidades de caer en la trata son mayores. Situaciones que se agravan si se tiene en cuenta el uso inadecuado de la tecnología y la internet.

 

Por otra parte, la pandemia ha traído consigo críticos efectos socioeconómicos, generando la perdida de millones de puestos de trabajo, que dejó a las personas en situaciones de enorme vulnerabilidad, inestabilidad e incapacidad para seguir cumpliendo con sus gastos y obligaciones. Por ello, este es y ha sido, también, el escenario propicio y el caldo de cultivo para que aumente la trata con fines de trabajos forzosos.

Muchas víctimas no denuncian por miedo a poner en riesgo su vida o la de su familia, por el escarnio público, por temor a posibles represalias por grupos armados o mafias

En este sentido, es evidente que nos hacen falta estrategias que permitan la identificación, atención, denuncia y protección de personas víctimas o potenciales víctimas de este flagelo; teniendo en cuenta que muchas de estas no denuncian por miedo a poner en riesgo su vida o la de su familia, por el escarnio público, por temor a posibles represalias por grupos armados o mafias, porque tienen altas deudas económicas con los tratantes, pero sobre todo por su falta de conciencia de su condición de víctimas, su desconocimiento de la autoridad a la cual acudir y la desconfianza en la eficiencia de la justicia.

 

En consecuencia, impera en nuestra ciudad una necesidad latente por concretar esfuerzos reales que permitan generar la robustez de una política pública que le sirva de principal herramienta al Distrito para luchar contra este flagelo, actualizar y fortalecer su protocolo de atención para víctimas, así como sus estrategias de prevención. Urge entonces el trabajo mancomunado entre los diferentes actores, así como la generación de mayores esfuerzos que permitan la ampliación de los canales de acceso al mercado laboral, la migración regular, la asignación de presupuestos específicos a las entidades involucradas para su gestión. Sólo así empezaremos a dar los pasos necesarios para luchar contra este flagelo.

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