NOS DUELEN

LOS NIÑOS

Por: Gloria Díaz Martínez

Si hacemos mención de los hechos noticiosos relacionados con los niños y niñas durante la última semana, el panorama no es para nada alentador. En la zona rural del municipio de Garzón, Huila, una niña de cuatro años fue golpeada y violada por un hombre de 27 años; también en Pueblo Rico, Risaralda, una niña de 12 años perteneciente a la comunidad Embera Katío fue violada sexualmente por siete soldados que prestaban apoyo en al Batallón de Artillería San Mateo.

 

Según cifras proporcionadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero y mayo del año en curso se practicaron 7.544 exámenes a 6.472 menores de edad por presunto abuso sexual, de los que 2.433 casos corresponden a niños entre las edades de los 10 a los 13 años, cifras que resultan preocupantes si se tiene en cuenta el sub-registro que existe del delito.

 

Por otra parte, según registros de la Fiscalía y Medicina Legal, en el 2019 se presentaron 19.189 casos de violencia sexual en niños menores de 15 años; de estos, 2.744 fueron niños menores de cuatro años y 10.245 se trataban de preadolescentes entre los 10 y 14 años. 

 

En el caso de Bogotá, las Secretarías de la Mujer y la de Seguridad, aseguraron que el año pasado, 2.617 niños menores de 14 años fueron víctimas de abuso sexual, y como si ello fuera poco, el ICBF dio a conocer que tan solo entre diciembre del año pasado y enero de esta anualidad, la entidad, a nivel nacional, inició 14.032 procesos de Restablecimiento de Derecho en favor de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual, a los que se suman otros 1.250 que registró la entidad durante las primeras semanas de la cuarentena.

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Sin embargo, la afectación de los niños no se reduce únicamente a este delito, sino que por el contrario, es mucho más amplia y compleja. Según cifras proporcionadas por el ICBF, en el año 2019, el 41% de los niños en Colombia había sufrido de maltrato físico, psicológico o sexual, señalando que la violencia física afecta al 37,5% de los niños y al 25,5% de las niñas, mientras que la violencia psicológica tiene incidencia en el 21,2% de las niñas y en el 9,5% de los niños. Adicionalmente, el 72% de los casos se presentan al interior de los hogares, situación que hace más compleja la realidad del fenómeno si se tiene en cuenta el confinamiento que ha traído consigo la actual pandemia del COVID-19.

 

Y aunque mucho se ha hablado en los últimos días sobre la aprobación por parte del Congreso de la República de la ley que permite condenar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad, preocupa la poca celeridad y las trabas que puedan aparecer en el proceso de reglamentación de la nueva norma en su paso por la Corte Constitucional. Pues si bien el Gobierno cuenta con un año para la reglamentación que reforma el artículo 34 de la Constitución Política, tiempo de por sí bastante extenso, pensaría uno, para que la imposición de medidas contundentes y ejemplares frente a estos hechos lamentables comiencen a ser una realidad, este proceso podría incluso llegar a extenderse de no contar con la voluntad política de los organismos competentes para que su curso avance.

Entre enero y mayo del año en curso se practicaron 7.544 exámenes a 6.472 menores de edad por presunto abuso sexual, de los que 2.433 casos corresponden a niños entre las edades de los 10 a los 13 años

La realidad es que los niños y niñas en el país siguen siendo víctimas de una violación repetida y constante de sus derechos, y lamentablemente, ni la justicia, ni las autoridades en esta materia han logrado realizar acciones contundentes que logren procesos efectivos de denuncia y restitución, lo que ha alimentado aún más los niveles de impunidad de la justicia, alcanzando un 97%.

 

En este escenario, considero, sobran argumentos para decir que nos enfrentamos a una crisis de principios y valores generalizada que cuestiona fuertemente al sistema de atención y protección de la niñez y llama la atención sobre la laxitud de nuestra sociedad en general. Se cuestiona el papel de los educadores, los colegios, los jueces, los padres, y el de los que sin ningún escrúpulo defienden ideas que van en contra de la vida y los derechos de los niños.

 

Finalmente, considero que la situación actual de los niños y sus entornos familiares es crítica y exige de todos nosotros, como sociedad, nuestro compromiso real y contundente en la defensa de sus derechos fundamentales, y la reivindicación de sus más sentidos flagelos.

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