MISMO CASO, DOS VISIONES

Por: Carlos Ossa

 

La semana pasada un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento sin libertad contra el reelecto gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, esto es en resumen que mientras dura el juicio el gobernador debe esperar el resultado en la cárcel.

El caso se remonta al año 2005 cuando este era gobernador de Antioquia en el periodo 2004 – 2007, al gobernante se le imputan los cargos de celebración indebida sin los requisitos legales, esto por haber hecho dos adiciones a un contrato del estado en el que pidió la pavimentación de una vía y le agregó un puente, entre otras adiciones que según la fiscalía se habrían hecho evadiendo la normatividad contractual.

Si Gaviria es culpable o no, lo tendrá que determinar un juez, lo verdaderamente impresionante es que tenga que estar privado de la libertad “mientras tanto”, una decisión de este tipo es contraria a principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Para entender bien un caso como estos se debe estudiar el deber de la medida de aseguramiento el cual radica en estudiar si una persona es un peligro para el proceso, un peligro para las victimas o padece de riesgo de fuga, en este caso hablamos de un sujeto que en la actualidad es gobernador, de un caso con tiempo superior a una década y ya los documentos están en poder de la fiscalía, entonces, para qué dictar una medida tan inhumana como esa.

Son muchos políticos y personajes de la sociedad civil los que se han solidarizado con el caso de Aníbal Gaviria, mientras que en otros casos por ejemplo en el de Andrés Felipe Arias no pasa de la misma forma ¿por qué? Lo primero es que Arias es un caso mucho más sonado a nivel nacional, ha estado más cerca de ser presidente y… es uribista.

Es interesante ver como las personas están de acuerdo con el principio de presunción de inocencia dependiendo quien sea el acusado, si a cualquier persona de la vertiente del expresidente Uribe o el mismo expresidente es investigado saltan a afirmar que en efecto es culpable, si es otra persona sacan a relucir los derechos humanos.

 

El caso del gobernador de Antioquia debe ser un ejemplo para todos los ciudadanos en el respeto a los derechos fundamentales y en pro de una oposición hacia las medidas de aseguramiento que según todas las cortes continentales de DDHH son para casos excepcionales y no como ocurre en Colombia una regla general.

Ya había empezado a vociferar la alcaldesa de Bogotá en su populismo habitual que la decisión era para “tapar lo del ñeñe”, así como son tan selectivos en sus opiniones lo son para gobernar, para solidarizarse, etcétera. Me atrevo a afirmar que el día que espetemos los derechos de los demás sin importar el color político iremos en la ruta correcta para tener un mejor país.