LA LEY ANTIDISCRIMINACIÓN,

UN PASO EN LA DIRECCIÓN ACERTADA

Por: José Hofmann Delvalle

En estos días se cumplen 5 años de vigencia de la Ley Antidiscriminación para Personas con Discapacidad. La vida me puso en el escenario de ser redactor de esta ley, la cual impulsé con fuerza, no sólo porque soy orgullosamente una persona con discapacidad, sino también un demócrata cristiano. A este respecto, vale la pena recordar que San Juan Pablo II, fue el Pontífice que más le ha puesto énfasis al cuidado y la atención prioritaria que merecen las personas con alguna limitación, señalando en forma reiterada “El desarrollo de una comunidad se mide por la asistencia que ofrece a los más débiles, en particular a los discapacitados”.

Esta Ley Antidiscriminación para Personas con Discapacidad, la impulsamos por dos razones fundamentales: la primera, porque la legislación Antidiscriminación de ese entonces, sólo sancionaba la discriminación por raza u orientación sexual y porque las cifras oficiales, demuestran tanto entonces como ahora, por sí solas, que la discriminación respecto a este grupo poblacional, en el cual se encuentran comprendidos 2.5 millones de colombianos, es una realidad.

En efecto, de acuerdo al DANE, la tasa de desempleo en este grupo poblacional –antes de la pandemia-, supera el 60% y el 90% de los discapacitados que tienen la “fortuna” de contar con una ocupación productiva, ganan menos de un salario mínimo legal vigente.

Sólo el 1% de las personas con alguna limitación física o sensorial pueden terminar satisfactoriamente su proceso educativo

En el ámbito educativo la situación no es mucho mejor: sólo el 1% de las personas con alguna limitación física o sensorial pueden terminar satisfactoriamente su proceso educativo.

 

Es así como la Ley Antidiscriminación para Personas con Discapacidad, estableció por primera vez en la historia de Colombia que quienes restrinjan los derechos fundamentales de un ciudadano por su condición física, mental o cognitiva, serán sancionados con cárcel de (1) a (3) años, además de multas que pueden variar entre los $6 millones y $9 millones.

Esta iniciativa suscitó, como es natural en toda democracia, respetables voces disidentes. Algunos la catalogaron como “innecesaria”, toda vez que en su criterio, la política punitiva del Estado no requiere tipificar nuevas conductas, sino aplicar las ya existentes; otros, dijeron que era ridículo una disposición en tal sentido y que con ella, iban a terminar en la cárcel quien le dijera a otro “orejón”, “narizón”, etcétera.

Como demócrata, respeté y respeto hoy profundamente estas opiniones, pero no las comparto. Por un lado, porque la principal fuente es la realidad y porque, la norma penal, más que una función sancionatoria, tiene una finalidad disuasiva. Es así como, por citar un ejemplo de tantos quienes impidieron el acceso libre a un reconocido almacén bogotano de una niña en razón a su condición de discapacidad de quien yo fui su apoderado, lo hubieran pensado dos veces antes de hacerlo si hubiesen sabido que por ello, tendrían que pagar millonarias multas e inclusive ir a la cárcel.

La Ley Antidiscriminación, si bien no garantiza una sociedad más igualitaria para las personas con discapacidad, sí es un paso acertado y necesario en esa dirección.

No se trata de apresar a todo aquel que se atreva a burlarse de otro por sus defectos físicos, como lo han dicho algunos en forma un poco simplista; se trata de sancionar de manera ejemplarizante a quienes restrinjan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en forma arbitraria, por el solo hecho de ostentar tal condición. ¿Esto es acaso un abuso del poder punitivo en cabeza del estado de derecho? Creo que no.

Por estas razones, la Ley Antidiscriminación, si bien no garantiza una sociedad más igualitaria para las personas con discapacidad, sí es un paso acertado y necesario en esa dirección. Así lo reconoció la ONU junto con la Fundación Saldarriaga Concha dentro de un informe sobre ésta temática en el año 2016.

Por último, sea la oportunidad para reflexionar que no hay nada más revolucionario que un cristiano convencido del mensaje contenido en el evangelio. No en vano, el Papa Francisco ha dicho “(…) Donde hay evangelio, hay revolución. El Evangelio no nos deja quietos, nos empuja, es revolucionario (…)”, impulsando al creyente a actuar para cambiar la realidad social por medio de la opción preferencial por los débiles; por su parte, y en concordancia con lo anterior, el propio Lenin llegó a afirmar antes de su muerte, cuando vio las desviaciones en la práctica del movimiento Bolchevique, “para salvar a Rusia, habrían sido necesarios sólo 12 San Franciscos de Asís”. Es decir, 12 verdaderos cristianos.

Así, mirando en retrospectiva, me encuentro en la obligación de agradecer públicamente a Dios por la oportunidad de ser redactor de la Ley, no por mis méritos, sino por su gracia gratuita, dado que quien escribe estas líneas, no es el más inteligente, el más hábil, el que tiene mejores conexiones, ni si quiera el más piadoso, pero en aquella oportunidad me dio la oportunidad de servir en primera línea a las personas con discapacidad. Ojalá en un futuro vuelva a tener ese honor y pueda ser útil para obtener mejores logros para los débiles, quienes son despreciados por los hombres, pero son los grandes predilectos en una visión auténticamente cristiana de la sociedad.

Puntillazo Final: Gracias a los ex congresistas Juan Manuel Galán y Clara Rojas por su disposición para impulsar esta iniciativa como legisladores de entonces.