LA ÉTICA DE LAS LEYES

Por: Gustavo Vélez Mejía

 

En una sociedad pluralista, ¿es posible un terreno moral común (no neutro) para elaborar las leyes?

 

Las sociedades democráticas están asistiendo a una diversificación sin precedentes en las tendencias y comportamientos de los ciudadanos, que reclaman un marco legal en la vida cotidiana. La globalización y el desarrollo de los medios de comunicación han abierto espacios cada vez más amplios para que los ciudadanos interactúen, generando  manifestaciones culturales “globalizadas”.

 

Ante este fenómeno, los gobernantes deben dar respuestas adecuadas, estableciendo leyes que respondan debidamente a este “big bang” cultural, tutelando los derechos fundamentales de todos. En otras palabras, deben promulgar leyes justas, que favorezcan el bien común.(1)

 

A título de ejemplo, menciono unos pocos casos:

Los consumidores de droga reclaman el derecho a la dosis personal. Se exige el derecho a abortar invocando los derechos sexuales y el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Muchos homosexuales abogan por derechos que serían inherentes a su orientación sexual. Las minorías étnicas piden un espacio en la vida política, que no podrían conseguir por el simple voto. Otros claman por el derecho a morir dignamente, entendido como la posibilidad de poner fin a su existencia cuando ésta no se considere digna de ser vivida. Los defensores de la salud pública promueven una legislación cada vez más restrictiva al consumo de tabaco en sitios públicos.

 

Ante semejante menú de peticiones, ¿pueden los legisladores guiarse por una norma común que responda de manera coherente a tantas peticiones de “legalización” sin incurrir en el peligro de privilegiar conductas perversas, o de favorecer a unos en perjuicio de otros?

icono-principal-amazon.png
ASC_BannersXSite_HouseAds_120x600_PV_es-

1. ¿Es lo mismo hablar de moral que hablar de ética?

 

Antes de abordar el tema central de este ensayo, conviene tener en cuenta una aclaración terminológica. Se ha ido haciendo común establecer una distinción entre moral y ética. La moral sería un concepto religioso, mientras que la ética correspondería a un valor civil que nada tiene que ver con la religión.

 

Acudiendo a las definiciones de ambos términos en el diccionario de la Real Academia de La Lengua, encontramos que: Moral es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Como se puede ver, no hay allí ningún contenido que podamos identificar como religioso: cualquier persona está en capacidad de percibir estas dos realidades –el bien y el mal– independientemente de su formación y de sus convicciones religiosas. Ética la define el diccionario como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Es decir, que la ética puede denominarse también Filosofía moral.

 

La confusión puede estar, tal vez, en identificar la simple moral –o, moral, a secas– con la Teología moral, que es el estudio de la moral desde el punto de vista religioso. Queda claro pues que sin moral no hay ética, ya que la ética es justamente el estudio de la moral desde el punto de vista filosófico (no religioso). Y la filosofía no es  religión porque según el diccionario, filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano.

Foto: La Vanguardia

ES_title_count_44K_assoc_728x90.gif

2. ¿Podemos reconocer un corpus universalis de preceptos que deban ser acatados por todos en todo tiempo y lugar?

 

Es claro que cualquier ser humano está en condiciones de identificar la salud como algo bueno y la enfermedad como una cosa mala; salud y enfermedad como bueno y malo, respectivamente, son realidades objetivas (que son así y no pueden serlo de otra manera), no son fruto del consenso ni de estadísticas. Aunque el 90 % de la población padezca dolor de cabeza, no por ello lo normal es tener dolor de cabeza.

 

Quien dice que la tortura no debe existir, y no lo dice simplemente como “yo no torturaría”, o que es un cuerpo extraño en la sociedad, sino que va mucho más allá hasta el punto de poder criticar a una civilización en la cual la tortura fuera algo aceptado, lo hace porque esta práctica es algo objetivamente malo: bastaría preguntarle al torturado para saber que es así.

 

Esas realidades que percibimos como objetivamente buenas o malas, son lo que podríamos llamar principios o realidades naturalmente buenas y malas, es decir, buenas o malas por naturaleza. A partir de allí surgen esos primeros preceptos que el hombre identifica naturalmente –el primero de ellos: hacer el bien y evitar el mal– y que luego, mediante la razón práctica y la virtud de la prudencia desarrolla en leyes que favorecen el bien común. Gracias a esta capacidad para identificar esos primeros preceptos, los seres humanos en todos los tiempos y civilizaciones, han podido distinguir al buen gobernante, del Tirano: el gobernante o legislador que obra en contra de estos primeros preceptos.

 

Además de este primer precepto de hacer el bien y evitar el mal, y sin ánimo de ser exhaustivos debido a las limitaciones en extensión del presente artículo, podemos señalar tres campos de preceptos naturales: El primero, lo denominaría instinto de conservación, que es la tendencia de todo ser viviente a mantenerse en el ser. En el caso del hombre (mujer y varón), por la dignidad propia de cada individuo de la especie humana, la protección de su ser (su existencia), debe ser acogida por el legislador en correspondencia al primer derecho del ser humano (su primer bien): el de vivir. Este derecho, le corresponde por sí mismo, no es una concesión del gobernante ni de la sociedad. En segundo lugar está el instinto de perpetuación, que en el caso del hombre se da, de manera natural, formando una familia, como puede constatarse en todas las sociedades y culturas hasta el presente. En tercer lugar estaría el instinto de agrupación, que en el hombre está dado por su inclinación a vivir en sociedad, pudiéndose afirmar que el hombre es, por naturaleza, un ser social.

Cuando alguien se deja llevar por sus inclinaciones sin atender a la razón y a la prudencia, puede terminar pensando como actúa; en otras palabras, justificando de manera razonada, sus actuaciones equivocadas.

A partir de cada uno de esos tres campos, surge el derecho positivo que el legislador, mediante el uso de la razón práctica y la virtud de la prudencia, debe desarrollar de manera justa, articulando armoniosamente las leyes,  desde los aspectos más fundamentales como serían el ejercicio permanente del bien objetivo, o el respeto a la vida y a la integridad de todos los individuos, hasta llegar a la legislación que favorece el desarrollo de la familia y de la sociedad en general. De este modo, los derechos individuales y colectivos no deben entrar en colisión porque las leyes se habrán elaborado mirando en todo momento –y de manera simultánea– al bien de la persona y al bien común.  Una ley que supuestamente favoreciera a la sociedad en general, pero perjudicara a la familia o a los individuos, estaría equivocada en algún lugar de su proceso de elaboración.

 

Ahora bien, es un hecho que todos experimentamos tendencias (inclinaciones y deseos), que generan –muchas veces– sentimientos encontrados. A menudo, lo que quiere el corazón difiere de lo que nos dice la razón. No es raro oír afirmaciones como la siguiente: “De corazón, estoy con la selección Colombia de fútbol, y con la cabeza, voy por Brasil”.  Podemos experimentar sentimientos de venganza, pero la razón nos dice que deben ser rechazados. Cuando alguien se deja llevar por sus inclinaciones sin atender a la razón y a la prudencia, puede terminar pensando como actúa; en otras palabras, justificando de manera razonada, sus actuaciones equivocadas. En una ocasión me contaron que un famoso narcotraficante justificaba su negocio aduciendo que le estaba haciendo un bien a la humanidad, pues “alimentando el vicio a los gringos, estaba evitando que estos se apoderaran del mundo”.

 

Vemos pues, que las leyes no se limitan simplemente a legislar sobre las tendencias humanas, ya que estas pueden ser buenas o malas, independientemente del porcentaje de la población que se mueve según esas tendencias. El legislador, ejerciendo la razón práctica y las virtudes, especialmente la prudencia, debe tener en cuenta no solamente las tendencias, sino también la naturaleza de las diferentes realidades.

---

[1]Uso la expresión bien común en lugar de interés general, porque la primera expresión es universal, cobija a todos, en cambio el interés general hace relación más bien a las mayorías. El bien común favorece  a todos, incluidos quienes no están de acuerdo con una determinada ley, por ejemplo: la prohibición de fumar, favorece también a los fumadores que están en contra de esa medida. El interés general, en cambio, se refiere a lo que interesa a la generalidad de la gente, es decir,  a las mayorías y, alguna vez, podría ir en contra de los derechos fundamentales de una minoría, como lo ilustra el siguiente ejemplo: Una ley de educación que excluye a los hijos de inmigrantes por el solo hecho de ser inmigrantes. En este caso, el legislador, tendría que darse cuenta que esa ley –buena en sí misma–, aunque está hecha para una mayoría (favoreciendo el interés general), no protege el bien común, al excluir a una parte. Y si el origen de esa ley tuviera asiento en una mentalidad racista por parte de la mayoría de la población, tendría el deber de educar a esas mayorías. Por este motivo, el individuo debe aprender a ver el bien común, también como un bien propio. De esta manera se resuelve el posible conflicto –que no lo hay– entre el bien del individuo y el bien común de la sociedad. Habría conflicto si se pretendiera que el bien sensorial del individuo -el placer que produce fumar, por ejemplo- estuviese por encima del bien de la salud. Precisamente ese aprender a ver el bien común como un bien propio, debe ser uno de los objetivos de la educación. Una educación no fundada en valores universales, da lugar a unos individuos –a una sociedad– que se moverá según el interés particular y, en el mejor de los casos, el interés general en lugar del bien común.