UNA OPORTUNIDAD PARA LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Por: Jair Peña Gómez

 

Las buenas intenciones también conducen a graves errores. Ese es el caso del salario mínimo, y en plena crisis económica se hace patente. La recesión generada por el COVID-19, aunada a la falta de flexibilidad laboral, ha producido una gran pérdida de empleos en el país. El desempleo en el mes de mayo alcanzó el 21,4%, el doble y un poco más de lo registrado en mayo de 2019, mes en el que la tasa de desempleo se ubicó en 10,5%, según cifras del DANE.

Eso significa en lengua franca que, al día de hoy, hay —por lo menos— 5.136.000 colombianos desempleados. Por supuesto, gran parte de la culpa recae en la externalidad de la pandemia, que ha hecho estragos en la economía global, pero otra parte de la culpa recae en el Gobierno Nacional y en las administraciones locales.

Las medidas estrictas de confinamiento fueron eficaces al comienzo del brote del virus en el país, pues se evitó el colapso del sistema de salud —como lo he señalado en anteriores artículos—, no obstante, la prolongación de la cuarentena ha tenido efectos adversos tanto en la pérdida de libertades civiles y la concentración del poder en manos del Estado, como a nivel económico, pues ha llevado a la quiebra a miles de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Pero qué tiene que ver el salario mínimo en todo esto, se estará preguntando. Cada año se define por decreto presidencial el aumento porcentual del salario mínimo, un asunto un tanto curioso, pues aún en épocas de recesión sigue en ascenso. El 26 de diciembre del 2019 el presidente Iván Duque definió un incremento del 6% en el salario mínimo, un número para nada despreciable si se tiene en consideración que la economía colombiana creció 3,3%. Esto quiere decir que los empleadores —en promedio— están teniendo que pagar más mientras reciben menos, lo que necesariamente se traduce en un incentivo negativo para ellos. Haciendo cálculos es mejor no contratar, mantener el número de personal o incluso despedir gente. Imagínese usted en épocas de crisis como la presente.

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El salario mínimo además es una traba para los trabajadores poco calificados, entiéndase: personas sin título profesional, tecnológico, técnico e incluso sin título de secundaria. La mano de obra poco calificada se queda por fuera del mercado laboral, aumentando la informalidad, la marginalidad y, también, la criminalidad. Una persona que no ha tenido la oportunidad de capacitarse, por lo general puede ofrecer servicios básicos, pero para algunos empleadores pagar un salario mínimo por tales servicios es demasiado, luego el incentivo perverso generado por la existencia de dicho salario mínimo es no contratar.

La cadena de errores desatada por el salario mínimo no se queda ahí, continúa, porque esa persona que deja de ser contratada no puede adquirir experiencia laboral y queda relegada a oficios que no le generan los ingresos necesarios para llevar una vida digna. Por otro lado, las empresas extranjeras que quieren invertir en el país, viendo la alta carga impositiva y además, las altas cargas laborales, prefieren mudar sus capitales a países mucho más amigables con el inversor, y en consecuencia, Colombia pierde la posibilidad de generar nuevos empleos.

Foto: La Vanguardia

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Las empresas son actores racionales que buscan maximizar sus ganancias, esto debe estar claro a la hora de establecer e incrementar el salario mínimo. «Si el gobierno exige que se paguen salarios más altos a ciertos trabajadores, entonces las empresas harán ajustes para pagar los costos añadidos, por ejemplo, la reducción de la contratación, el recorte de las horas de trabajo de los empleados, la reducción de las prestaciones y el cobro de precios más altos» (Wilson).

Más allá de todo lo anteriormente esbozado, y como afirmé en la primera línea de esta columna, las buenas intenciones también conducen a graves errores. No creo que el salario mínimo haya sido creado con la intención de pauperizar al trabajador, sino que por el contrario buscaba dignificar su labor. Sin embargo, dados los efectos que causa, es pertinente replantear su utilidad y sobre todo su bondad. «El salario mínimo viola el principio de la libertad al limitar el rango de opciones a disposición de los trabajadores, prohibiendo que acepten empleos por debajo del mínimo legal. También prohíbe que los empleadores contraten a esos trabajadores, incluso cuando ambas partes se benefician» (Dorn).

Espero que esta crisis sea una oportunidad para dar pasos raudos a la flexibilización laboral en Colombia, el mercado global está en un proceso de reconfiguración, las multinacionales se están diversificando y trasladando sus operaciones a varios países en busca de mitigar el riesgo. A su vez, las empresas nacionales luchan por no desaparecer, y requieren urgentemente que se flexibilice la contratación, por horas, por días, por meses, con o sin prestaciones, vamos, que necesitan alternativas y no una camisa de once varas que restrinja su proceso de adaptación a estas nuevas dinámicas y realidades. Si el Gobierno Nacional se “avispa” y toma las medidas pertinentes, podría atraer decenas o cientos de inversores, y a nivel interno potenciar y mejorar la competitividad de las empresas colombianas.