DISCAPACIDAD

Por: José Hofmann Delvalle

 

De la discapacidad, pese a quienes la padecen en sus diversas modalidades (física, mental, sensorial) son sujetos de especial protección constitucional y abarcan 4.5 millones de personas, sólo se habla durante el evento conocido como “TELETON”.

En efecto, con motivo de este evento, se desata un debate público, donde unos afirman que la Teletón usa la imagen y el nombre de las personas con discapacidad para recaudar dineros públicos, por medio de la lástima, el pesar y las lágrimas, dejando a estas personas con una imagen de incapacidad, invalidez y asistencia dentro del imaginario social, reforzando las prácticas de segregación y exclusión social hacia estas personas, y otros, sostienen que el evento desarrolla  un principio de solidaridad social.

Lo cierto es que después de la Teletón, la discapacidad y las personas que las padecen, desaparecen por completo de la escena y el debate público, esto a pesar,  que el Art. 13 de la Constitución establece que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Como consecuencia de lo anterior, las cifras entorno a las personas con discapacidad, son aterradoras: a 2014, según cifras oficiales, solo el 16,6% de las personas en condición de discapacidad, que se encuentran en edad para trabajar, lo están haciendo; apenas un 54% tiene básica primaria y sólo el 0,1%, termina su educación formal.

icono-principal-amazon.png

Foto: La Vanguardia

Y lo que es aún más grave, porque tiende a perpetuar el problema, la Ley Estatutaria de 2013 relacionada con personas con limitación, al igual que todas sus similares se ha quedado en el papel.

En efecto, a cuatro años de su expedición, no puede decirse que se haya cumplido si quiera lo establecido en el Art. 5º, Numeral 8º de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, según el cual “(…) todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán un plan interinstitucional en un término no mayor a dos años en el que, se determinen los recursos requeridos para la protección de los derechos de las personas con discapacidad (…)”.

Vista la anterior situación, la Fundación Saldarriaga – Concha, ha establecido en su informe Discapacidad e Inclusión Social (Abril, 2016) que el Estado colombiano “está en mora de incorporar tanto la perspectiva de interseccionalidad como la de transversalidad en el abordaje de la discapacidad en sus distintas instancias, en el nivel nacional, regional y local”, cosa que en mi criterio se soluciona fusionando el Instituto de Sordos y Ciegos que actualmente existen sin resultados concretos de gran impacto a la vista, en un solo Instituto Nacional de Discapacidad, cuya misión principal sería incluir desde un punto de vista técnico y científico los componentes asociados con la problemática en todas las políticas públicas, mejorar la información estadística disponible y contestar las acciones legales en contra del estado que se generan alrededor de ella.

La coyuntura actual, esto es, el posconflicto, quienes quedarán lisiados en razón a la presente pandemia y por el envejecimiento acelerado de nuestra población, exige que Colombia asuma una política pública seria, coherente y a largo plazo, más allá de la Teletón.

ASC_BannersXSite_HouseAds_120x600_PV_es-
ES_title_count_44K_assoc_728x90.gif

Puntillazo Final. Con ocasión del día del abogado: por un lado, reconocer la tradición jurídica colombiana, derivada de Santander, la cual le ha dado al país estabilidad, algo de orden y evitado dictaduras como en los demás países de Iberoamérica; por el otro, indicar e insistir que hay poco que celebrar, como quiera que la falta de regulación y el nivel actual de la profesión jurídica en Colombia es lamentable. El 70% de quienes la ejercen, tienen enormes falencias éticas o deontológicas, para ser exactos. Urge implementar examen público para la obtención y revalidación de la matrícula profesional para TODOS los abogados.