EL COVID Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Por: Mariano Martínez Ospina 

 

El COVID-19 ha sembrado en la sociedad una zozobra no solo respecto al tema de la salud, sino en cuanto a la economía, el ámbito laboral y una preocupación generalizada por los demás aspectos de la vida cotidiana que se han visto desfavorecidos con las medidas tomadas en cabeza del Gobierno Nacional para disminuir el número de contagios en la población colombiana.

Sin embargo, en este tiempo de aislamiento obligatorio se comienza a evidenciar el aumento de una problemática con la cual el país viene luchando desde hace décadas y es el fenómeno de la violencia intrafamiliar, una contrariedad que perjudica a los hogares de todos los estratos sociales y que amenaza su armonía, su convivencia y algunas veces incide en la salud física y mental de sus miembros.

El confinamiento no puede detener la actividad estatal que tiende a proteger a algunos sujetos especiales (niños, niñas, adolescentes, mujeres y adulto mayor). Debido a esto la Secretaria de la Mujer ha puesto en marcha unos planes de apoyo para estos incidentes; iniciativas como “Vamos a estar en casa, pero #EnCasaSinViolencias” donde se presta asesoría jurídica y una orientación psicológica es una de las formas de atención.

Se ha incrementado el número de llamadas en cerca de 220 diarias a la línea púrpura desde el inicio de la cuarentena lo que refleja la necesidad de las mujeres por acceder a un soporte socio – afectivo durante esta época.

Esta realidad compleja vivida por las mujeres dentro de sus hogares, se transmite a todo su núcleo familiar afectando de sobre manera a los niños y niñas que son violentados dentro de familias disfuncionales.  Para el año 2019, el ICBF reportó 8.466 casos de maltrato en menores y durante el tiempo de confinamiento se han reportado aproximadamente 1.250 donde se encuentran involucrados menores de edad lo que representa un 15% total del año anterior.

Estas cifras a nivel nacional recuerdan lo nefasto de este delito, sin embargo, Bogotá no es la excepción. La Alcaldesa Claudia López, durante la emisión del consejo de seguridad realizado el pasado 2 de abril del 2020, indicó que se ha logrado durante el último trimestre una notable reducción en lo que respecta a los delitos que vulneran la seguridad de los capitalinos, sin embargo, se ha notado el incremento de un delito de alto impacto y es el de la violencia intrafamiliar, lastimosamente, el Estado crea estrategias policivas para salvaguardar la protección de los afectados, pero se requiere de la ayuda de las familias que conviven con esta circunstancia para que de una u otra forma cesen estos ataques a sus elementos o si es imposible, que se realicen las  respectivas denuncias para que las autoridades procedan y restituyan los derechos vulnerados.

Es fundamental crear conciencia y ser solidarios dejando de lado la indolencia y la indiferencia respecto de estas situaciones por “considerarse asuntos familiares” y perder el miedo de acusar un acto que puede perjudicar seriamente la vida de una persona indefensa.

Evidentemente esta condición acarrea consigo consecuencias funestas donde se logra violentar no solo al núcleo familiar, sino que en algunos acontecimientos a las personas que toman la decisión de denunciar. Es por esto que se pretende incentivar a las personas a que hagan uso de una campaña de atención creada en Medellín por ASOBARES como política para casos donde las mujeres que se sientan agredidas pregunten por Ángela en el establecimiento y se entenderá que está se encuentra en peligro; tal estrategia fue creada luego de conocerse las cifras de la Organización de las Naciones Unidas donde se indica que el 35% de las mujeres en todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual.

Algo similar es lo que se debe implementar para el tema de los afectados por violencia intrafamiliar que no tengan la opción de denunciar, para que logren escribir o preguntar por Ángela o cualquier otro nombre a sus parientes, amigos o vecinos como señal de auxilio y requerimiento de ayuda inmediata. Esto con el fin de crear una red de apoyo familiar y vecinal para mitigar este flagelo y poner a salvo la vida e integridad de las víctimas.

Debido a lo complejo de esta situación y a lo recurrente de la misma, se hace necesario reflexionar sobre ¿de qué forma el Estado brinda su protección a estas familias? Para esto, la Administración ha puesto a disposición no solo la línea púrpura, sino la recepción de denuncias a través del sitio web de la Fiscalía, las líneas de emergencia 123, la línea 155 de la Consejería para la Equidad de la Mujer y por último los cuadrantes de policía más cercanos a su hogar.

Cabe recordar que el gobierno tiene sus ojos puestos en este tema, la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, lidera la campaña #JuntosPorEllas, que busca a través de las redes sociales hacer un llamado a la comunidad y especialmente a las víctimas para que denuncien cualquier situación que trasgreda sus derechos.

Igualmente, se invita a realizar una introspección desde cada uno de nuestros hogares acerca del rol que tenemos en nuestras casas para de esta forma llegar a un pensamiento lógico y critico desde nuestra posición en el contexto familiar y social, haciendo frente de forma razonable a la realidad del coronavirus que hoy nos rodea.