CONFLICTIVIDAD SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA REPUBLICANA

Por: José Hofmann Delvalle

 

Desde hace tiempo, con motivo de la crisis de los precios del petróleo del año 2014, Colombia se ha venido adentrando paulatinamente en una crisis social y política, agudizada con la emergencia sanitaria del COVID – 19. Tanto es así, que el diario El Espectador señaló el pasado 02 de Agosto de 2019, “el país se encuentra ante el vacío perfecto para que cualquier aventurero o demagogo arrastre a la opinión tras la promesa dorada de algún futuro ilusorio”, bien sea que éste provenga de la extrema izquierda o de la extrema derecha en medio de una conflictividad social creciente, exacerbada por aventureros que explotan la necesidad de amplios sectores sociales para generar el caos y la violencia que ya son visibles en varias localidades bogotanas.

Ante esta situación, la derecha exige medidas de carácter meramente coercitivo y la izquierda, muchas veces en forma irresponsable, juega a crear caos para debilitar al Gobierno de turno. Es en ese escenario y desde una perspectiva republicana, ambas opciones lucen claramente inadecuadas a las preocupaciones de los ciudadanos. Es indispensable en consecuencia, estructurar una alternativa para responder a este reto en forma equilibrada, pero firme, teniendo como guía la Constitución de 1991.

En este ejercicio, sea lo primero señalar que pese al carácter creciente del fenómeno y  que la Corte Constitucional desde sus primeros pronunciamientos, ha reconocido en la huelga como “(…) uno de los más valiosos derechos e instrumentos jurídicos con que cuentan los trabajadores para solucionar sus conflictos laborales de carácter económico (…)” –Sentencia C-548/94-, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el mismo carece de una normatividad donde se contengan las directrices específicas para regularla y enfrentar la conflictividad social.

 

En vista de esta situación, resulta indispensable que el Presidente de la República, amparado en el estado de emergencia actual, expida una normatividad clara a través de un decreto ley, donde regule la protesta social, para evitar la alteración del orden público en esta crítica coyuntura económico - sanitaria crítica, respetando siempre y de manera inequívoca los lineamientos constitucionales.

Así, a mi criterio, esta normatividad debe incluir los siguientes aspectos: 1) la definición de qué se entiende por servicio público esencial, donde se deberían incluir no sólo los catalogados por la Organización Internacional del Trabajo, sino también aquellos definidos así por la Corte Constitucional, dentro de los cuales se encuentran servicios como la banca central, el transporte en sus diversas modalidades, las telecomunicaciones; la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y los servicios públicos domiciliarios; 2) el fortalecimiento de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en el ámbito colectivo e individual del trabajo, donde incluso deberían incluirse a las Centros de Conciliación de las Cámaras de Comercio; 3) la creación de un registro y un procedimiento para la organización de las huelgas, por medio del cual el estado pueda tener información sobre los responsables de las mismas y el término espacio - temporal en el cual se van a desarrollar las mismas; 4) la creación al interior del Estado colombiano de una instancia para gestionar el diálogo social y 5) la definición clara de aquellas conductas que no pueden entenderse como válidas dentro de la protesta social, máxime teniendo en cuenta la actual coyuntura sanitaria.

El debate está sobre la mesa y debe darse con urgencia, guiado en criterios de patriotismo, altura y sensatez política. Porque lo cierto, es que no hay que ser muy brillante para entender dos asuntos fundamentales: primero, que ésta es una coyuntura propicia para los demagogos de todos los pelambres que buscarán “pescar en río revuelto”, sembrando caos y desorden; y segundo, que si le juntamos a la crisis sanitaria y económica actual, una relacionada con la conflictividad social, explicable desde luego por factores internos del país, pero alentada desde Venezuela, nación mal llamada bolivariana y actual estado terrorista, estaríamos frente a una tormenta perfecta, cuyo desenlace sería incierto para la democracia e instituciones colombianas.