COLOMBIA SE ACERCA A LA LIBERTAD EDUCATIVA 

Por: Michael Sandoval

 

La semana pasada, los representantes de las principales asociaciones de colegios del país (ACOPRICON, ANDERCOP, entre otras) se reunieron para hacer parte de un debate de control político a la ministra de Educación liderado por la senadora Soledad Tamayo, una de los pocos políticos preocupada por la educación privada en Colombia desde hace años. Una ministra de Educación que actuaba de manera displicente con los representantes de la educación privada, con una falta de compresión total de lo que ocurría en el país con los empresarios de la educación, se dedicó a realizar un monólogo sobre el “gran trabajo” que han desarrollado con los colegios públicos, dejando en evidencia que NO EXISTE MINISTRA DE EDUCACIÓN PARA LA EDUCACIÓN PRIVADA y despreciando a las dos millones cuatrocientos mil familias que se educan y trabajan en los colegios privados. Fue tan evidente la ineptitud en las respuestas, que hasta los senadores que hacen parte de la comisión sexta de educación; expusieron la desconexión y la falta de respuestas de la ministra a las inquietudes de los rectores asistentes a la reunión.

¿Pero qué era lo que solicitaban los rectores? En síntesis, estaban tratando de revivir una implementación muy exitosa del pasado en Colombia: el programa PACES.

Este programa consistía en una beca que tenían las familias de bajos recursos para poder estudiar en colegios privados de alta calidad. Fue tan exitoso, que llegó a ser objeto de estudio de las reconocidas universidades de Harvard y Oxford, ya que lograba niveles de deserción muy bajos, mayores niveles de probación, mayores niveles de culminación de todo el ciclo escolar y mayores ingresos a universidades públicas, y sobre todo, era una iniciativa para que las familias más pobres de este país no estuvieran condenadas a la peor educación que es la estatal.

La pelea de estos valientes rectores tuvo sus frutos, cuando en reunión con el representante de la Confederación de Padres de Familia: Carlos Ballesteros, empezaron a hablar de crédito condonable tipo PACES, tal como se expone en el siguiente audio que fue grabado durante la reunión que se sostuvo el pasado 18 de mayo.

¿Qué implicaciones puede tener esta decisión? La primera e inmediata, que los padres de familias de estratos 1 y 2 puedan seguir asistiendo a clases en los colegios que eligieron para hacerlo, y la segunda, abrir el camino para que las familias de estratos 3 y 4 también puedan presentar este beneficio ya que representan alrededor del 50% de los estudiantes en Colombia. Por otro lado, se construye el camino para la competencia  y a que en el futuro los padres de familia de los colegios públicos también puedan tener acceso a colegios privados, ya que como lo muestra el informe de Mckinsey Company, la educación pública está empeorando año tras año. Dicho estudio nos costó a los colombianos un millón de dólares y nunca se divulgó por lo mal parada que queda la educación estatal. La primera parte del informe en mención se puede consultar en este enlace, y la segunda, aquí.

Es necesario reconocer a estas asociaciones y a la senadora Tamayo que propiciaron el debate de control político como defensores de la libertad educativa, y entender este logro como un triunfo a la libertad para que las familias de más bajos recursos puedan tener acceso a la mejor educación posible, y para que ocho millones y medio de niños en Colombia no estén secuestrados por la mafia de Fecode. Es necesario, además, instalar en la cabeza de los burócratas del Ministerio de Educación, que no pueden realizar implementación a propósito de la propuesta del Gobierno Nacional de regreso a clases, sin contar con los representantes de los colegios y de los padres de familia. Y finalmente como empresarios de la educación y de la libertad educativa, debemos pensar en la siguiente etapa de este proceso: promover que esta medida temporal sea permanente y que se extienda no sólo a los padres de familia que este este momento están matriculados en los colegios privados, sino también a todos los padres que asisten a los colegios públicos.