CARTA ABIERTA A LA VERDADERA OPOSICIÓN VENEZOLANA:

 HACIA UNA NUEVA HOJA DE RUTA PARA SALIR DEL NARCORÉGIMEN 

Por: José Hofmann Delvalle

 

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”, exclamaba con razón Albert Einstein. A la oposición venezolana, valdría la pena recordarle esta máxima.

En efecto, por complicidad o ingenuidad política, los elementos de oposición al régimen venezolano, han venido repitiendo durante una generación entera los mismos errores que podrían resumirse en el siguiente parámetro de conducta: 1) el chavismo convocaba elecciones; 2) la oposición aceptaba participar en ellas; 3) el régimen las gana; 4) los sectores políticos a él contrarios alegan fraude, muchas veces las comprueban, pero 5) esto no tiene efecto alguno. Este ciclo, se repitió en el 2000 (Arias Cárdenas – Chávez); 2006 (Rosales – Chávez); 2012 (Chávez – Capriles) y 2013 (Maduro – Capriles).

Ésta estrategia (electorera, mas no democrática), llevada a término en forma reiterada por la oposición venezolana encarna un error monumental. Por ello, la Comunidad Internacional en forma unánime le solicitó a la misma no participar en las elecciones llevadas a cabo por el régimen chavista en el 2019. No obstante, ésta, en forma pertinaz, sigue insistiendo en la supuesta “salida democrática, pacífica y constitucional”.

Es decir, en éste último aspecto, la oposición venezolana reclama para sí el cumplimiento de la Constitución chavista de 1999, en teoría vigente, lo cual es un absurdo, dado que, como lo señala la elemental lógica y el sentido común, para salir de una dictadura como la venezolana, no se pueden invocar y mucho menos pretender aplicar, aquellas normas jurídicas que la misma diseñó para perpetuarse indefinidamente en el poder.

Ahora bien, digo que la Constitución chavista se encuentra vigente sólo en teoría, no por un capricho de quien escribe éstas líneas, sino porque existen argumentos jurídicos de peso que así lo indican.

En efecto, dentro de la génesis de la Carta Política chavista de 1999, se encuentra que la misma tuvo su origen en un decreto que dictó unilateralmente Hugo Chávez el día de su posesión, donde convocó al pueblo a un referendo “consultivo” que en ninguna parte se encontraba previsto en la Constitución de 1961.

Al colocarse por fuera de la legalidad desde el primer día de su mandato, Hugo Chávez incurrió en una vía de hecho, la cual, por ser manifiestamente contraria a derecho, según la propia Constitución de 1961, torna la misma “en ineficaz y sus actos nulos” (Art.119).

Por ende, todas las actuaciones de Hugo Chávez, desde ese momento que se derivaron de aquel acto, jamás nacieron a la vida jurídica. Esto traduce y significa, la Constitución chavista de 1999 y demás disposiciones anexas (incluyendo leyes, decretos que se han expedido desde ese entonces), jamás han estado vigentes dentro de la vida jurídica.

Cuando caiga el régimen chavista ningún instituto o disposición jurídica hecha por la narcotiranía tendrá validez

Cuando caiga el Régimen chavista, (el cual caerá tarde o temprano, cree quien escribe éstas líneas posiblemente este año, bien por los precios del petróleo, bien por la necesidad de Trump de ganar los colegios electorales en el Estado de la Florida que lo llevará eventualmente a lanzar una feliz invasión militar sobre el narco régimen venezolano), ningún instituto o disposición jurídica del régimen chavista tendrá validez. Por ende, la institucionalidad o el gobierno que suceda a la narcotiranía de Maduro, deberá regirse por las normas contenidas en la Constitución venezolana vigente de 1961, la única de carácter democrático que ha tenido la vecina nación, y por ende, incorpora figuras claves como la no reelección, la separación de poderes, el principio de competencia en el ejercicio de funciones públicas, etcétera.

Ahora bien, no obstante lo anterior, la constitución venezolana de 1961, incluye una disposición de medular importancia y que puede servir de eje para derrocar a la narco tiranía que subyuga a la vecina nación. Tal disposición indica lo siguiente:

“Artículo 250.- Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se 43 organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado”. (El subrayado es nuestro).

De esta disposición, de orden constitucional se derivan varias consecuencias de orden práctico y de plena actualidad: 1) el chavismo llegó al poder de manera electoral, pero llevó a cabo un golpe de Estado a nivel institucional al pretender sustituir la constitución de 1961 por medios no previstos en ella; 2) por ende, la oposición se encuentra en la obligación de restablecerla, incluso acudiendo a medios de fuerza, sin que por ello pueda ser tildada de golpista; 3) observando ésta norma de rango superior, es dable sancionar no sólo a los miembros del narco régimen, sino a los agentes de la falsa oposición, y lo más importante, 4) garantizar que éstos devuelvan lo robado a la nación venezolana.

Éste es el planteamiento de un demócrata angustiado que espera ser útil en la lucha de muchos venezolanos por recuperar la democracia en su país. De su suerte en esta justa lucha, depende el porvenir de la libertad en Colombia y el continente iberoamericano. Adelante.