CADENA PERPETUA:

UN DULCE ENVENENADO

Por: Carlos Ossa

Mucho se ha hablado sobre el gran debate por el que cruza nuestro país posterior a la aprobación de la cadena perpetua para violadores de niños, por lo pronto no nos vamos a referir si el proyecto pasará o no el examen dentro de la Corte Constitucional ya que mucho se ha rumorado que dentro de la incontable cantidad de tratados sobre derechos humanos que Colombia ha firmado, la  posibilidad de esta pena máxima podría ser nula.

 

Haremos el ejercicio de suponer que no existe ningún problema con la aplicación jurídica de este cambio constitucional y se aplicaría la norma, empecemos.

 

Lo primero a entender es que este es un acto legislativo, mecanismo por el cual el congreso usa su función de constituyente y modifica los artículos de la carta magna, que desde 1991 van más de 80 reformas constitucionales, aproximadamente una cada 5 meses.

 

El nuevo articulo constitucional dispone que “excepcionalmente”, (no sabemos como se va a aplicar esa excepción), se podrá condenar a cadena perpetua por los siguientes delitos, contra un menor de 14 años:

 

— Homicidio Doloso

—Secuestro

— Tortura

— Acceso Carnal violento (violación)

—Actos sexuales abusivos (abuso sexual sin penetración)

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Desde el vamos, podemos encontrar errores en la configuración del proyecto de reforma constitucional ya que prácticamente se afirma que el solo abuso sexual (manoseo, besos o acciones inapropiadas) son iguales de graves a la violación y peor aún que esos actos sexuales son iguales de graves a la tortura, el homicidio o el secuestro.

 

La consecuencia de esto podría dar lugar a que ya una vez el victimario habiendo tocado a la víctima pueda, torturarla, violarla y matarla ya que dentro de la configuración legal no hay diferencia constitucional.

 

No obstante el asunto no acaba ahí. En ningún momento de la historia se ha demostrado que el aumento de penas ha ayudado a la disminución de los delitos, por ejemplo a sol de hoy existen más casos de “feminicidio” desde que se creó la ley que consagra ese delito que en 1995, un periodo mucho más violento en Colombia y no se había estipulado ese delito en el código penal.

 

El asunto no es que por poner el delito tengan que haber más casos per se, lo que ocurre es que la política criminal se basa en puro populismo punitivo donde lo importante es decir que se aumentaron las penas y por eso los delincuentes dejarán de cometer esta clase de actos.

 

Pero no, a un delincuente no le interesa la cantidad de la pena antes de delinquir, no leen las ultimas reformas al código penal antes de violar, matar o robar un celular (también hay aumento de hurto a celulares a pesar de aumentar las penas por este delito).

 

Un delincuente siente el supremamente amplio margen de impunidad en el aparato judicial, el delincuente puede ver que para iniciar una investigación los fiscales se demoran hasta el ultimo año de la prescripción para iniciar los estudios pertinentes.

 

Si con un caso en el cual el delito se demora 18 años en prescribir y lo inician en el año 15, como será en los casos que no exista prescripción, es más el perjuicio que sufrirán las víctimas de estos delitos que una ayuda real por parte del Estado, el populismo punitivo es y será siempre un dulce envenenado.